La Audiencia Nacional de España rechazó el recurso de Adrián Velásquez, exguardaespaldas del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, para que no lo extraditaran a Estados Unidos, que le reclama por un supuesto delito de blanqueo de capitales que él rechaza haber cometido.
Según se conoció este miércoles, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimó el recurso de súplica que presentó Velásquez contra el auto que dio luz verde a su extradición, apenas unas semanas después de que aprobase también la entrega de su esposa, la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén.
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La Justicia norteamericana reclama a ambos por haber favorecido presuntamente al empresario Raúl Gorrín, dueño del canal venezolano Globovisión, en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó a éste ganancias de cientos de millones de dólares.
Recuerda el tribunal español que estos hechos constituirían en España un delito de blanqueo de capitales cometido en el seno de una organización criminal, entre otros, requisito para la extradición, y niega que Velásquez haya aportado elementos “que permitan afirmar que Estados Unidos cuenta con una estructura penitenciaria poco compatible con el respeto debido a la dignidad humana”.
Según la solicitud de extradición del Tribunal de Distrito Sur de Florida, desde 2008 hasta 2017 o alrededor de dichas fechas, Gorrín y el matrimonio participaron en una estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado para el gobierno venezolano.
Las autoridades sospechan que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos para asegurarse el derecho de participar en transacciones de cambio de moneda extranjera, que le reportaron ganancias de cientos de millones de dólares.
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A partir de 2011, prosigue el escrito, Gorrín ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a la entonces tesorera, incluso a través de su marido, para influir en ella con el fin de que el empresario efectuase cambios de moneda extranjera para el gobierno venezolano.
El reclamado argumentó su arraigo en España y que este país lo está investigando por haber adquirido presuntamente un inmueble en Madrid con fondos recibidos de Gorrín, pero los magistrados no tuvieron en cuenta estos argumentos.
