Las sanciones impuestas por la Unión Europea a Laureano y Camila Ortega Murillo, hijos de la pareja dictatorial de Nicaragua, son producto del apoyo que ambos han dado a sus padres. Los funcionarios gubernamentales también son señalados de desempeñar «un papel central en la supresión del pluralismo político y en la desarticulación definitiva de la democracia nicaragüense».
Camila es asistente personal de Rosario Murillo, asesora de la Presidencia, coordinadora de la Comisión de Economía Creativa, directora de Nicaragua Diseña y directora de Canal 13. Laureano es asesor para Inversiones, Comercio y Cooperación de la Presidencia de la República. Ambos hermanos son funcionarios del régimen en un claro nepotismo.
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«Camila Antonia Ortega Murillo participa estrechamente en actividades de apoyo a la pareja presidencial conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, en calidad de asesora de la Presidencia. Es responsable de utilizar Nicaragua Diseña para apoyar las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas que tuvieron lugar el 7 de noviembre de 2021, mediante la creación de cuentas falsas en diferentes plataformas de redes sociales», explica el documento del Consejo Europeo.
«Laureano Facundo Ortega Murillo participa estrechamente en actividades de apoyo a la pareja presidencial conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, como asesor de la Presidencia. Ha justificado y apoyado el encarcelamiento arbitrario e ilegal en Nicaragua de líderes políticos y precandidatos presidenciales, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes, a los que ha calificado de “terroristas”», señala la nota oficial europea.
Responsables de «socavar la democracia»
Los hermanos Ortega Murillo están asociados con «personas responsables de socavar la democracia y de graves violaciones de los derechos humanos y apoya dicha represión y dichas violaciones».
De Camila indican que, como directora de Canal 13, ha contribuido a «difundir el discurso de odio del régimen de Ortega contra la oposición cívica y al mismo tiempo ha limitado la pluralidad editorial y perseguido a periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua, anulando la libertad de expresión y toda competencia electoral efectiva».
La UE señala a Laureano Ortega de ser responsable de la «explotación» de BanCorp, una entidad cuyo principal objetivo es «auxiliar, patrocinar y prestar apoyo económico a las actividades represivas de su madre, la vicepresidenta Rosario Murillo».
Las medidas restrictivas ahora se aplican a un total de 21 personas y tres entidades. El régimen de sanciones a Nicaragua se introdujo por primera vez en octubre de 2019, luego que el Consejo expresara repetidamente su preocupación por el deterioro de la situación política y social en el país. El 4 de mayo de 2020, en vista de la gravedad de la situación, el Consejo adoptó las primeras medidas restrictivas contra seis personas.