El próximo 10 de enero se generará un vacío de poder por «ilegitimidad de origen» en Nicaragua cuando el dictador Daniel Ortega sea juramentado para un nuevo periodo de cinco años en la Presidencia de la República. Ante el desconocimiento de la comunidad internacional, la defensora de derechos humanos y opositora Haydée Castillo propone que todos los grupos y actores democráticos en el país, junto la diáspora y el exilio se sienten a dialogar y logren un «acuerdo nacional» para «quitar el oxígeno» al régimen orteguista.
«Este régimen que va a asumir el 10 de enero no tiene ninguna legitimidad entonces prácticamente Nicaragua queda sin gobierno legítimo y sin poder legislativo legítimo; y nada de lo que nombre ese poder legislativo; tampoco va a ser legítimo. Nicaragua queda con un vacío de poder», dijo.
Castillo, opinó durante una entrevista con el programa En Contacto, que dirige el periodista Álvaro Navarro que «llegó el momento que todos los actores de la oposición, la sociedad civil y movimientos sociales se tiene que tomar un acuerdo nacional para trabajar juntos, para convertir esa decisión política de ilegitimidad en acciones concretas que le quiten todo el oxígeno que todavía le queda a la dictadura».
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La opositora aseguró que ese «acuerdo nacional» debe procurar «con urgencia» la liberación de los presos políticos, seguido de un esfuerzo para recuperar las libertades y la democracia en Nicaragua. «Lo primero es abrir un diálogo entre todos los actores que quedan con preponderancia. Se necesita concentrar esa fuerza, ponernos a platicar y construir ese acuerdo», afirmó.
No es un Gobierno de transición
Castillo aceptó que el término «Gobierno de transición» «asusta» a la comunidad internacional. Aclaró que su propuesta no significa que haya un «gobierno en el exilio». «Por ahora lo que se trata es de construir ese ente concertado de la oposición nicaragüense que asume un acuerdo nacional y se compromete a trabajar en lo que nos une: trabajar por liberar a los presos y quitarle (al régimen) todo el apoyo económico», insistió.
Agregó que al lograr el «acuerdo nacional» se debe elegir un grupo de personas al que le delegarían la «confianza transitoriamente» para que sean los voceros del acuerdo ante el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional y que «lideren ese tránsito a la democracia».
Castillo dijo que este grupo de personas tendrían un «trabajo arduo» de consolidar la resistencia dentro y fuera de Nicaragua. Entonces ese sería el momento de decirle a la comunidad internacional que existe una «fuerza articulada contrapoder a Ortega».
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La defensora de derechos humanos aseveró que trabajarán en lograr la legitimidad y el reconocimiento internacional de ese grupo de personas delegadas tras el «acuerdo nacional» y que lo lograrán a través del trabajo que realicen, principalmente la liberación de los presos políticos, el retorno de las libertades y la democracia en el país.
La opositora, exiliada en Estados Unidos, también propuso que las personas que integren ese grupo no deberían ser candidatos a cargos de elección popular ante unas eventuales elecciones que devuelvan la democracia a Nicaragua, para evitar cuestionamientos y controversias.
Esto dicen los opositores sobre la propuesta
Haydée Castillo dijo que habían «buenas vientos» y «conversaciones» con muchos liderazgos y que ha visto una «voluntad diferente» de «dejar el ego» y «actuar con humildad», pero los opositores de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y la Alianza Cívica (AC) desconocen de la propuesta.
Una fuente de la AC aseguró que la agrupación respalda la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobada ayer, ocho de diciembre, que busca entablar un diálogo entre la oposición y el dictador Daniel Ortega.
Por su parte, Alexa Zamora, miembro del Consejo Político de la UNAB, interpreta que el término de «acuerdo nacional» podría significar como un «gobierno en el exilio», y descartó apoyar esa iniciativa. «Si bien es cierto que la ilegitimidad ha sido la línea de trabajo de la Unidad Nacional, junto con otros espacios de la oposición, no creemos que algo como Gobiernos en el exilio sea viable dentro de la normativa internacional», expresó Zamora.
