La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, fue galardonada con el Premio Derechos Humanos 2021 de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).
La defensora nicaragüense resultó ganadora en la categoría internacional por su arduo trabajo en respaldo a las víctimas de la represión en Nicaragua, principalmente en este año electoral cuando incrementó la persecución política.
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El Cenidh manifestó que les «honra» el «reconocimiento al incesante trabajo en la promoción y defensa de los Derechos Humanos de la doctora Núñez».
Organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas de la represión en Nicaragua rechazan la denuncia a la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentada por el Estado nicaragüense dirigido por Daniel Ortega.
Mediante un pronunciamiento señalan que el régimen pretende «desligarse de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos» y aleja cada vez más al país de «encontrar una pronta salida democrática a la grave crisis sociopolítica».
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, Grupo Secuestrados Políticos Unidos, y el Instituto Raza e Igualdad.
La situación de Nicaragua será abordada nuevamente el próximo lunes, 29 de noviembre, en el seno del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una sesión extraordinaria, de conformidad con la carta de dicho organismo y la Carta Democrática Interamericana, en cumplimiento del mandato de la reciente resolución de la Asamblea General, informó la OEA.
«El Consejo Permanente de la OEA celebrará una sesión virtual extraordinaria el lunes 29 de noviembre con el fin de realizar una evaluación colectiva inmediata de la situación en Nicaragua de conformidad con la carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, en cumplimiento del mandato de la (pasada) resolución», detalla el comunicado emitido por el organismo.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia exigió al régimen de Daniel Ortega el cese de las detenciones de sus líderes, en el marco de la crisis desatada desde abril de 2018 y que se ha acentuado tras las votaciones del 7 de noviembre.
En una declaración, la Alianza Cívica indicó que las autoridades nicaragüenses han detenido a seis integrantes de sus directivas territoriales en lo que va de noviembre, con lo que se elevó a 12 el número de opositores de esa organización encarcelados y acusados de “traición a la patria” desde junio pasado.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue otorgando la nacionalidad nicaragüense a extranjeros a su gusto y antojo. Este miércoles, Migración resolvió otorgársela a un empresario de Colombia y a una mujer originaria de Brasil, que podría tener nexos con el colombiano.
Los nuevos nicas son Mohamed Abou-Zeenni Waked que ya tenía la nacionalidad panameña, pero es originario de Colombia; e Ibtissam Mohamed Makki, originaria de la República Federativa de Brasil.
Según el régimen, el hombre cuenta con permanencia continua en el territorio nacional, es inversionista y posee vínculo de consanguinidad con ciudadano nicaragüense.
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La Asamblea Nacional aprobó este miércoles un decreto legislativo que autoriza la entrada a Nicaragua de fuerzas militares «equipos, naves y aeronaves militares extranjeras con fines de intercambio y asistencia humanitaria».
Esta normativa se hace cada año, pero esta vez el régimen de Ortega la requirió con «urgencia» para que en el primer semestre de 2022 ingresen al país tropas militares de países pertenecientes a la Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica (CFAC), además incluye a Cuba, Venezuela, México, Taiwán y Rusia.