La Organización de Estados Americanos (OEA) dio inicio a la quincuagésima primera Asamblea General, con Guatemala de anfitrión. En el encuentro virtual de cancilleres y jefes de delegación se abordarán temas relacionados a la pandemia, derechos humanos y democracia. Países observadores del organismo aprovecharon este día para expresar también su desconocimiento a los resultados de las votaciones en Nicaragua.
España dejó en claro que no reconoce los comicios de Daniel Ortega y sostuvo que su posición coincide con el resto de la Unión Europea. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dejó en manos de los países miembros la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua.
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Al menos 40 excancilleres de América Latina demandaron a la OEA declarar ilegítimas las votaciones del siete de noviembre en Nicaragua por considerar que estuvieron amañadas para que Daniel Ortega se reeligiera por cuarta ocasión consecutiva.
Los exministros de Exteriores señalaron que, si el régimen se niega a liberar al centenar de presos políticos y a realizar nuevas elecciones libres y transparentes en el país, el organismo deberá aplicar la Carta Democrática a Nicaragua y suspender su representación dentro del foro regional.
El nuevo embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, se estrenó en el cargo atacando a los países europeos que han tachado las elecciones de Ortega de antidemocráticas e ilegítimas.
Siguiendo el guion de sus predecesores, rechazó los señalamientos de España, Italia, Suiza y Holanda, los cuales aseguraron que las elecciones presidenciales en Nicaragua no contaron con los estándares internacionales para considerarlas legítimas.
El emisario de Daniel Ortega defendió al régimen, alegando que los nicaragüenses votaron de «manera libre, sin presiones, sin chantajes y sin injerencia», y aseguró que la participación ciudadana superó el 60 por ciento.
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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este miércoles la ley Renacer, tras las cuestionadas votaciones de Daniel Ortega, realizadas el domingo, y calificadas por la administración norteamericana de “pantomima de elecciones.
Entre los alcances de la ley están: coordinar con Canadá, la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, una serie de sanciones contra los cercanos de Ortega, incluyendo miembros del Ejército, y contra quienes obstruyeron la realización de elecciones justas y transparentes en el país; fiscalizar los préstamos que las instituciones financieras internacionales otorguen a Nicaragua; Estados Unidos demandará información clasificada sobre casos de corrupción relacionados con la familia Ortega-Murillo y su relación con Rusia. También abre la posibilidad de revisar la participación de Nicaragua en el tratado comercial DR-Cafta.
Javier Nart «Franco y Ortega son iguales… mataba, torturaba y metía en prisión con la misma eficacia».
Los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), al servicio del régimen, ratificaron a Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, en la Presidencia de Nicaragua con un 75.87 % de votos obtenidos durante las cuestionadas elecciones generales.
Al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se le otorgó el segundo lugar con el 14.33% de votos válidos, seguido de Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) con 3.26% y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) con 3.11%. La Alianza por la República (APRE) y el Partido Liberal Independiente (PLI) obtuvieron menos del dos por ciento de los votos.
Datos del Poder Electoral contabilizan más de 2 millones 700 mil votos válidos para la elección de presidente y vicepresidente, de estos, más de 160 mil fueron nulos. En contraste con cifras independientes, los magistrados sandinistas afirman que el abstencionismo fue menor al 35%.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) informó que el preso Santos Sebastián Flores Castillo, de 52 años, quien denunció públicamente a Daniel Ortega de violar a su hermanita de 15 años, falleció en la cárcel “La Modelo” de Tipitapa.
Flores Castillo habría muerto la mañana del lunes, 8 de noviembre, por causas no detalladas. El Cenidh recordó que el preso, de profesión abogado, fue privado de libertad desde el año 2013 y encerrado en una cárcel de máxima seguridad, donde sufrió tortura física y psicológica durante años.
Actualmente, el caso se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según la denuncia, Ortega inició una relación con la adolescente en el 2005, y producto de la misma, la víctima tuvo una niña en el año 2011.
Tras hacer público el caso, Flores y su familia fueron sometidos a una persecución y amenazas. Flores fue condenado por el supuesto delito de violación sexual agravada en contra de una funcionaria del Poder Judicial.