La Real Academia Española define el adjetivo dúctil como aquello que, en el caso de un metal, admite grandes deformaciones mecánicas en frío sin llegar a romperse. Si se tratara de algo no metálico, se hablaría de un cuerpo fácilmente adaptable o maleable.
Una quinta acepción del término se refiere a lo acomodadizo, de blanda condición, condescendiente o de pescuezo flexible. Tales serían las características de la “oposición política comparsa”, del gran capital y otros sectores de la sociedad en Nicaragua.
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La política de la “oposición comparsa” es dúctil, capaces de amoldarse a diversas situaciones que no pongan en riesgo su alianza, abierta o encubierta, con el gobierno. Al mismo tiempo, conforme han avanzado los años el régimen ha ido pasando de una tolerancia táctica a un endurecimiento extremo frente a la oposición real y las manifestaciones de protestas sociales, como puntos de referencia de la acritud evolutiva de la opción represiva del equipo gobernante.
La ductilidad del gran capital, también, es pieza angular en su relación con el régimen autoritario, incluso mediante una aceptación de sacrificios de los derechos de los ciudadanos y el silencio de cara a la militarización de la sociedad y de la existencia de los paramilitares.
El hecho de convertir leyes, garantías y derechos en materia dúctil en manos de la dictadura Ortega-Murillo forma parte de un sostenido juego del gran capital y de la “oposición comparsa” que una y otra vez ha tratado de encontrar las mejores condiciones para fortalecer y acerar el puño del gobernante.
Frente a un cuadro de estancamiento económico en el período 2022-2026, lo cual puede ir generando nuevos conflictos y protestas sociales por diferentes motivos (escasez de agua, tala de árboles en diferentes departamentos del país, desempleo, bajos salarios, incremento de la pobreza, desigualdad crónica, megaminería, cultivos depredadores del medio ambiente, privatización de las tierras comunales en el Caribe, incapacidad de compra una canasta básica, etcétera).
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Por otro lado, las cúpulas partidarias de la oposición dúctil y la dictadura deslegitimada (por la corrupción, la impunidad, la inseguridad pública y la militarización del país), ha creado instrumentos legales de represión abierta que permitió la implantación de una dictadura aceptable para el gran capital dúctil, para los partidos manejables de la “oposición comparsa” y los líderes políticos con “pescuezo flexible”.
El grupo empresarial de la “nueva clase” tiene distintos orígenes y, por tanto, distinta relación con el gran capital. La mayoría de quienes amasaron recursos con la “piñata” de los años 90 quebró. Los que supieron administrarlos y crecieron mantienen vínculos con el capital financiero y con el gran capital agrupado en el COSEP desde mucho antes de que Ortega regresará al poder. Esos capitales coinciden en visión e intereses.
Lo mismo puede decirse de otro grupo de empresarios orteguistas, la mayoría medianos, que a finales de los años 90 conformaron el “Bloque de Empresarios” y que actúan como base de apoyo económico al “orteguismo” y que lograron desde entonces posiciones importantes en el engranaje gubernamental/partidario y en algunas cámaras empresariales.
La dictadura apuesta a recomponer su alianza con la élite empresarial, sello de su gestión anterior a la rebelión de 2018. Y, a pesar de declaraciones retóricas reclamando institucionalidad democrática, los grandes empresarios nacionales no dejan de dar señales de estar dispuestos a seguir legitimando a la dictadura Ortega-Murillo con tal de conservar los beneficios de esa alianza.
La corrupción está en el Estado mismo. El Estado ha servido para la legitimación de la corrupción, legítima la lógica del Estado-Botín al permitir la apropiación indebida de los bienes estatales y facilita a la dictadura su permanencia en el poder.
