La masacre de al menos 13 pobladores autóctonos de los territorios Sauni As, en la Reserva Biológica de Bosawas, era evitable porque las amenazas que habían recibido los comunitarios había sido notificada 12 días antes a las autoridades correspondientes. Sin embargo, la Policía, el Ejército y las instituciones del Estado ignoraron el pedido de auxilio. Tras el «horrible crimen» el 23 de agosto, el régimen sandinista de Daniel Ortega sigue guardando un silencio cómplice, según denuncia el organismo Fundación del Río.
Pobladores de los territorios indígenas junto a la Fundación del Río y otros organismos que defienden los derechos de los pueblos originarios del Caribe de Nicaragua denunciaron el día de los hechos que un grupo de colonos armados masacró a los indígenas en un territorios del corazón de Bosawas, donde se practica la minería artesanal.
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Amaru Ruiz, ambientalista y director de Fundación del Río, dijo en una entrevista concedida este viernes, tres de septiembre, a la plataforma digital Intertextual, que la matanza contra los habitantes de Bosawas se produjo por la inoperancia de las autoridades.
«(Líderes de) las comunidades mayangnas y dos de los pobladores asesinados habían informado de amenazas a los gobiernos territoriales y estos a su vez dieron el aviso de inmediato a las autoridades en Bonanza, el 11 de agosto, pero estas autoridades no hicieron nada», denunció Ruiz.
Los gobiernos territoriales indígenas entregaron en Bonanza una carta fechada el 11 de agosto a las 5: 17 de la tarde en la que solicitaban acompañamiento de las autoridades policiales para los pobladores Bercinia Celso y su esposo Armando Medina hacia la comunidad Suni As, donde, según los comunitarios, los estaban despojando ilegalmente de sus tierras y los estaban amenazando.
El matrimonio indígena fue asesinado junto a otras 11 personas ese 23 de agosto, día de la masacre, 12 días después de haber pedido ayuda. De acuerdo con Ruiz, varios de los cadáveres, incluyendo a Bercinia y su esposo Armando, presentaban signos de torturas, violaciones sexuales y mutilaciones. «Es una situación que se pudo prevenir», dijo con tono de consternación el ambientalista.
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Ruiz expresó profunda su preocupación por el silencio que siguen guardando las autoridades. No se han pronunciado ni han expresado voluntad de investigar el crimen.
«Nosotros estamos advirtiendo que se podría establecer un móvil diferente al que los comunitarios han denunciado y que podría abordarse como un conflicto interétnico», dijo.
El Gobierno de Estados Unidos se sumó a las críticas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por guardar silencio ante la masacre de indígenas del 23 de agosto.
En un mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter del Consejo de Estado norteamericano, expresa que «el horrible ataque del 23 de agosto contra 13 hombres, mujeres y niños de los grupos indígenas mayangna y misquito en Nicaragua demanda una investigación rigurosa y transparente, y rendición de cuentas. El silencio ante tal barbarie es simplemente inaceptable en una sociedad civilizada» .
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Un comunicado del Centro de Asistencia Legal de Pueblos Indígenas (CALPI) señala que los comunitarios fueron asesinados «con machetes, con armas de fuego (y) los torturaron. Dejaron colgados los cuerpos en un árbol».
CALPI agrega que como parte de la saña con la que actuaron los colonos asesinos «una señora de Musawás que pescaba en la zona (el día de la masacre) fue amarrada y frente a ella asesinaron a su esposo y sus dos yernos. Luego la soltaron y la dejaron con un mensaje: “Ningún mayangna debe venir aquí porque serán asesinados”».
Según el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), una ONG que trabaja en la zona, al menos 49 indígenas fueron asesinados por los colonos desde enero 2021 y centenares han sido desplazados violentamente de sus territorios autóctonos y se vieron obligados a buscar refugio en Honduras.