Entre los años 2012 y 2016, la voracidad por los dólares del dictador Daniel Ortega logró sacar ganancias de más de cinco millones y medio de dólares producto de la explotación de madera en los bosques de territorios indígenas del Caribe Norte de Nicaragua. Su testaferro, Francisco «Chico» López, se encargó de asegurarle ese dinero mientras a los comunitarios les dejó en despale y pobreza.
Eso revela una investigación periodística realizada por el medio de comunicación digital Divergentes, que logró tener acceso a documentos que demuestran los negocios madereros que manejó Chico López en representación de su jefe, Ortega. La empresa Alba Forestal fue concebida por el régimen como el negocio perfecto para explotar el negocio maderero en Nicaragua a través de un grupo de compañías que pertenecían al Grupo Alba, un conglomerado que creció vertiginosamente amparado en el poder político y cuyo capital era mixto: 51 por ciento propiedad de la petrolera estatal venezolana PDVSA y 49% de su par nicaragüense Petronic.
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Divergentes logró averiguar que la primera etapa de ese proyecto lucrativo se desarrolló entre 2012 y 2014, y su intención inicial fue aprovechar los árboles tumbados por el huracán Félix en 2007 en la región del Caribe Norte del país lo que generó millonarias ganancias por la venta de madera. La segunda parte del proyecto arrancó a mediados de 2014
Esa segunda fase culminó con el cierre de operaciones de Alba Forestal en 2016, dejando 203, 273, 048 millones de córdobas (5, 807, 801.37 millones de dólares). Para tener dimensión de lo que representa ese dinero, es 246 % más de lo presupuestado por el Gobierno nicaragüense para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en 2019 (58.5 millones de córdobas).
Los millones fueron administradas exclusivamente por José Francisco López Centeno, quien era representante legal y presidente de la junta directiva de la empresa. López es además tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y uno de los hombres de mayor confianza de Daniel Ortega que lo ha colocado como su principal operador financiero, según diversas investigaciones periodísticas.
Millones para Chico López y Daniel Ortega
Mientras Ortega y su operador financiero se embolsaron millones de dólares, según la investigación periodística, los mayores perdedores fueron los indígenas miskitos y mayangnas de las seis comunidades de donde se extrajeron los árboles. La empresa no solo incumplió con todos los acuerdos que firmaron como condición para que los comunitarios entregaran los permisos de extracción, sino que destruyó sus bosques y dejó madera tumbada que no pudieron aprovechar ni vender porque la compañía controlaba en ese momento la oferta de este negocio.
Una fuente que estuvo ligada al negocio confesó al equipo de Divergentes que la empresa cerró sus operaciones después de lucrarse y hasta dejó madera tirada en los patios.
Sobre la carretera panamericana norte, específicamente en el kilómetro 27 hacia el municipio El Timal, en Tipitapa, están las ruinas de las oficinas de Alba Forestal, empresa de capital mixto que fue inscrita en el registro público mercantil de Nicaragua en el año 2012. La compañía había nacido con el objetivo de ser el mayor proveedor nacional e internacional de maderas duras tropicales, en mercados como Asia, Europa y África. Se vendió como una empresa novedosa cuyo sistema de extracción estaba en completa armonía con el medio ambiente. Algo casi perfecto.
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«Detrás de esa buena presentación se ocultaban varios secretos, por ejemplo que Alba Forestal nació realmente por las pretensiones que tenían Daniel Ortega y Rosario Murillo por controlar el negocio maderero en Nicaragua. En 2009, el mandatario recién cumplía dos años en el poder y tenía a su disposición la fuente de petrodólares del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez. “Para echar a andar el proyecto primero necesitaban ‘venderlo’ bien. Y lo consiguieron. ¿Cómo? No tengo idea”», explicó una fuente que trabajó por varios años en la empresa y que solicitó el anonimato a los periodistas.
La primera zona de extracción que fijó el gobierno de Ortega fueron los bosques de las comunidades indígenas de la Región Autónoma del Caribe Norte. En el 2007 este lugar había sido azotado por el huracán Félix y además de provocar cientos de muertes y desaparecidos, derribó innumerables cantidades de árboles. Con la idea de sacar la madera preciosa tumbada y comercializarla en millones de dólares, “vendieron” el proyecto en Venezuela.
A Hugo Chávez le aseguraron que la empresa podría generar más de 1 000 millones de dólares en diez años. Sin embargo, lo que no le dijeron al entonces presidente venezolano es que la zona no era accesible. Tampoco le explicaron que, de aprobarse el financiamiento, estarían recogiendo árboles que habían pasado más de dos años caídos y que existía el riesgo de encontrarlos podridos. Las propuestas de las fases de extracción carecieron de estudios de impacto ambiental. «En Nicaragua creían que solo era meter un camión, montar los troncos y ya», detalló Ricardo, a quien el equipo de Divergentes decidió nombrar así para evitar represalias en su contra.
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Un reportaje publicado en el portal venezolano ArmandoInfo hace un recuento de lo que las autoridades nicaragüenses propusieron al presidente venezolano. «El proyecto contemplaba la extracción y venta de la madera que yacía en el suelo, así como el desarrollo de un vivero que, según los anuncios originales, plantaría 500 000 árboles al año para la reforestación de la zona devastada de la Costa Caribe Norte de Nicaragua», detalla el medio de comunicación.
En el año 2012, el gobierno de Ortega registró la personalidad jurídica de Alba Forestal como una compañía de capital mixto. Los socios de la empresa eran Alba Alimentos S.A (Albalinisa) y Alba de Nicaragua S.A (Albanisa). La primera, según documentos oficiales en poder de DIVERGENTES, tenía 1% de las acciones. El otro 99% estaba en poder de la segunda empresa.
Los documentos en poder de Divergentes detallan que la junta directiva estaba integrada únicamente por dos personas: Chico López, como presidente de la empresa, y Nomar Fernando Colmenares Zamora, como vicepresidente. Este último era gerente de Albanisa en Nicaragua. «Pero quien mandaba, hacía y deshacía era López. No se movía nada sin su aprobación. Ese hombre es el candado de Daniel Ortega», refiere la fuente vinculada a Alba Forestal. El tesorero del FSLN también se atribuyó la representación legal de la compañía. El control fue absoluto.
Ortega y Chico López le jugaron sucio a Chávez
Una vez en ejecución del proyecto, en teoría Nicaragua debía reembolsar a Venezuela la totalidad de los recursos aportados, y el uso de los excedentes obtenidos debían estar a disposición de Hugo Chávez para su inversión en proyectos «socialistas de interés para nuestros pueblos». Pero el retorno nunca existió.
La asignación tardía de los 18.5 millones de dólares otorgados por Venezuela supuso el primer problema para la empresa maderera. Si ya existía temor de que la madera estuviera podrida porque habían transcurrido dos años del paso del huracán Félix, esperar tres años más para extraer los árboles se traduciría en muchas pérdidas. Aunque presionaron, el dinero no entró sino hasta 2012.
Cinco años después de Félix, cuando Alba Forestal recibió el dinero de Venezuela, buena parte de la madera estaba podrida. Otra fue consumida por las quemas no controladas después del huracán. Ahí los funcionarios de la empresa maderera se dieron cuenta que las proyecciones iniciales habían sido sobredimensionadas, según Ricardo, el extrabajador de Alba Forestal.
El ambientalista Amaru Ruiz, que se ha dedicado a documentar la explotación ilegal de madera en las zonas protegidas de Nicaragua reveló a los investigadores periodísticos que Alba Forestal aprovechó madera tumbada y en pie, es decir, arrasaron extensas zonas de bosques.
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«Se calcula una extracción de 5,000,000 millones de metros cúbicos, eso equivale a unos 73,855 contenedores. O para explicarlo mejor, podríamos llenar una carretera con 900 kilómetros de longitud con estos contenedores llenos de madera» detalló el ambientalista.
Los venezolanos empezaron a reclamar la inversión inicial pero en Nicaragua la orden fue guardar silencio. «Eran desordenados. Había ingresos, millones de dólares, pero la contabilidad la llevaba una persona que respondía únicamente a López. Solo ellos sabían lo que se estaba vendiendo», asegura Ricardo.
En la segunda fase del proyecto, que empezó a mediados de 2014, la compañía de Chico López tomó la decisión de implementar varios planes de extracción en seis comunidades indígenas de la zona: Isnawas, Wasakin, Haoulover, El Naranjal, Layasiksa II y Kukalaya.
Un estudio elaborado por la empresa Consorcio Multi Consult S.A en el año 2014, entregado al Instituto Nacional Forestal (Inafor) y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) pero que no fue publicado de forma oficial, ofrece mayores detalles sobre la implementación de esta segunda etapa del proyecto. En la página 124 señala que la madera prioritaria a ser aprovechada estaba constituida por las especies con mayor mercado nacional e internacional: Caoba, Cortez, Cedro Macho, Guapinol, Frijolillo, Nancitón, Quebracho, Santa María, Cedro Real.
Entre 2014 y 2016 la empresa maderera extrajo alrededor de 60, 647.887 metros cúbicos de madera de los bosques de las seis comunidades ubicadas en el Caribe Norte, según una base de datos en poder de DIVERGENTES que fue corroborada con extrabajadores de Alba Forestal.
La data ofrece detalles nunca antes revelados por la empresa administrada por Chico López. Por ejemplo, para comercializar la madera a nivel nacional se utilizó a Alba Forestal. Sin embargo, para vender el recurso forestal de forma internacional, se usó la compañía N & H Wood Products.
Los accionistas de la empresa Wood Priductd son Wendy Morales Urbina, que se desempeña actualmente como Procuradora General de la República; el abogado Otto Fernando López Okrassa, quien estuvo vinculado en la obra de un edificio pagado con dinero del INSS a una empresa sin mayores credenciales en el sector construcción; y Sujey de los Ángeles Vega.
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La junta directiva está conformada por Francisco López, quien actuaba como presidente; el vicepresidente era Juan Carlos Jímenez Riera, acusado en Venezuela de ser uno de los responsable de la quiebra de la Corporación Venezolana Agraria; y el fallecido Paul Oquist Kelley, exasesor presidencial de los Ortega-Murillo
La base de datos detalla que N & H Wood Products vendió por su cuenta entre 2014 y 2016 al menos 67, 482, 619 millones de córdobas (1, 928, 074.83 millones de dólares). La madera fue comercializada a los siguientes países: Alemania, Canadá, China, República Dominicana, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Italia, Japón, México, Holanda, Panamá y Suiza.
Por su parte, Alba Forestal logró vender en el mismo periodo de tiempo alrededor de 135, 790, 429 millones de córdobas (3, 879,726.54 millones de dólares). Según la base de datos y recibos en poder de DIVERGENTES, entre las empresas que compraron madera a esta compañía se encuentra Tecnosa, administrada por Chico López.
Entre las dos empresas comercializaron aproximadamente 203, 273, 048 millones de córdobas (5, 807, 801.37 millones de dólares). Todos administrados por Francisco López Centeno, la máxima autoridad de ambas compañías. El negocio fue redondo.