El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia (ACDJ), José Adán Aguerrí, fue detenido arbitrariamente el ocho de junio por agentes policiales al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La comunidad internacional exige su liberación mediante una campaña impulsada desde el primero de agosto.
«Aguerrí, ex defensor del sector privado, quien negoció con el régimen de Ortega, ahora es uno de los presos retenidos injustamente», resaltó a través de un tuit la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Laborales, adscrita al Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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La comunidad internacional exige su libertad bajo el hashtag «#PresosPorQué», una campaña creada para demandar a Ortega la liberación de los presos políticos y cuestionar las arbitrariedades del régimen.
Al empresario opositor y exaliado de Ortega, la dictadura lo acusa de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización», según la Ley 1055, normativa que utiliza el régimen de Ortega-Murillo para encarcelar a la oposición por «traición a la patria».
Este 19 de agosto, Aguerrí cumple 72 días «secuestrado», de los 90 días de «investigación» que solicitó la Policía orteguista, amparándose en la reforma al Código Procesal Penal, que permite a la instancia judicial investigar por tres meses a un ciudadano. Hasta el momento no se tiene conocimiento de su estado ya que no se le permite el contacto con sus familiares ni con su representante legal.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el 24 de junio de 2021, emitió una resolución en la que ordena al Estado de Nicaragua liberar al integrante de la Alianza Cívica y a otros tres líderes de la oposición (Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera y Félix Maradiaga), y a su vez, la organización internacional de derechos humanos demandó que se deberá «adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad y libertad personal de las cuatro personas identificadas, así como sus núcleos familiares».
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En una de las últimas entrevistas a este medio de comunicación, Aguerri se mostró muy apático a la dictadura de Daniel Ortega y hasta dijo no deberle nada al orteguismo, sin embargo, el régimen le pasó factura y lo acusa de «traidor a la patria».
Por otra parte, el actual presidente del Cosep Michael Healy se ha limitado a realizar pronunciamientos a través de las redes sociales de la empresa privada, lo cual ha sido cuestionado por la ciudadanía nicaragüense de guardar silencio ante los atropellos del régimen de Ortega-Murillo.
Actualmente, se encuentran 33 dirigentes políticos encarcelados por «menoscabar la independencia, la soberanía, y la autodeterminación del Estado de Nicaragua»; ya son más de 140 presos políticos entre precandidatos presidenciales, defensores de derechos humanos, activistas y periodistas encarcelados.