La opositora, Tamara Dávila Rivas, miembro del Consejo Nacional de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), cumple un mes y 25 días desde su desaparición. Fue detenida de manera arbitraria el 12 de junio, cuando efectivos de la Policía Nacional allanaron su vivienda sin orden judicial, desde entonces la comunidad internacional ha solicitado su liberación y ahora es parte de la campaña «Presos Por Qué» en la que se denuncian los «secuestros» realizados por el régimen Ortega-Murillo en contra de opositores.
La iniciativa «Presos Por Qué» pretende cuestionar las razones por las que el régimen mantiene bajo cárcel a más de 130 opositores «separados de sus seres queridos por trabajar por una Nicaragua libre, justa y democrática», compartiendo una breve reseña de cada uno de ellos.
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«Siendo una de las jóvenes opositoras más reconocidas de Nicaragua, el único crimen de Dávila es su compromiso con la democracia y los derechos humanos», destaca mediante un tuit la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, adscrita al Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Dávila fue detenida bajo la Ley 1055 por supuestamente realizar «actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación», al igual que al resto de opositores detenidos bajo el contexto electoral en el país. La activista de los derechos humanos y feminista fue separada de su hija de cuatro años y le han sido negados sus derechos fundamentales, como tener contacto con su abogado y sus familiares.
Dávila es una psicóloga feminista que desde 2018 ha participado activamente en movimientos de protesta. En los últimos tres años ha sido detenida en varias oportunidades, golpeada, amenazada y mantenida en un constante hostigamiento por fuerzas policiales o paramilitares, es una de las opositoras más reconocidas. Actualmente se encuentra bajo 90 días para continuar con la «investigación» por supuesta «traición a la patria».
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había emitido una resolución a favor de la opositora ampliándole medidas de protección y ordenando a la administración de Ortega que liberara a Dávila, pero ignoraron la petición de la Corte que a su vez pedía la liberación de los demás líderes opositores arrestados.
El hashtag también fue compartido por la Oficina de Democracia, Human Rights, que también se ha pronunciado a favor de Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, María Oviedo y Francisco Aguirre Sacasa, «secuestrados» por los ejecutores a favor del régimen. Recientemente Human Rights Watch solicitó mayor atención a lo que sucede en Nicaragua y aseguran que es una situación «alarmante».
