La Alianza Regional por la libre expresión e información hizo público su respaldo a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) tras las acusaciones contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, a quien el régimen orteguista acusa de usar esa organización para supuesto lavado de dinero, bienes y activos.
La Alianza insta a la administración Ortega-Murillo a que se generen las condiciones para que «Nicaragua pueda restablecer las libertades públicas y asistir a un proceso electoral transparente y con supervisión independiente».
La organización considera que la investigación abierta a Cristiana Chamorro «se trata de una medida arbitraria que tiene como objetivo desacreditar a Cristiana e inhibir y limitar sus aspiraciones políticas, ya que en este momento se trata de una candidata presidencial», manifestó en su comunicado del 22 de mayo.
Por otra parte, la entidad internacional condena el segundo allanamiento contra el medio de comunicación Confidencial. «En el marco del allanamiento fueron confiscados libros, computadoras y cámaras, al tiempo que fue detenido el camarógrafo Leonel Gutiérrez, a quien sometieron a 8 horas a interrogatorios. Cabe destacar que Gutiérrez es beneficiario de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han sido violentadas por el Estado de Nicaragua», recalca.
Diversas organizaciones a nivel nacional e internacional han hecho un llamado al Gobierno para que cese de la represión y se han solidarizado con Cristiana Chamorro Barrios, a causa de las supuestas acusaciones del «delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del Estado y la Sociedad».
La aspirante a la Presidencia se ha presentado tanto a la Fiscalía como el Ministerio de Gobernación (Migob) para responder por los señalamientos que le hacen y ha dicho que ese «montaje» se debe a que «el único que tiene miedo es Daniel Ortega».
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La FVBCH es miembro local de la Alianza Regional por la Libre Expresión; una red con 14 años de trabajo conjunto conformada por organizaciones no gubernamentales, referentes de diversos países de las Américas, «que compartimos la convicción de que la libertad de expresión y el acceso a la información pública son esenciales para garantizar la democracia y un ambiente habilitante del goce de otros derechos».
Igualmente, debido a las escalada de violencia, represión y asedio hacia los opositores nicaragüenses, la organización internacional hace un llamado al Estado «a respetar los tratados y convenios internacionales de derechos de asociación y libertad de expresión».