La Alianza Ciudadanos por la Libertad, encabezada por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), rechazó y condenó la arbitraria cancelación de la personalidad jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD) por parte del régimen de Daniel Ortega este martes, 18 de mayo.
La alianza encabezada por el grupo de Kitty Monterrey señaló en un comunicado que la resolución fue emitida sin observar el debido proceso.
«La intempestiva cancelación de un partido político pocos días después de convocadas las elecciones generales programadas para el 7 de noviembre de 2021, lesiona gravemente el derecho constitucional de los nicaragüenses a elegir y ser electos, y pone de manifiesto la falta de seguridad jurídica que ha caracterizado los procesos electorales durante más de una década», manifestó la alianza electoral.
El grupo político demandó al régimen se permita una votación libre y pacífica en elecciones libres, justas y transparentes, competitivas y observadas. «Son la única vía para superar la grave crisis nacional provocada por la represión y falta de libertades ciudadanas», finaliza la Alianza Ciudadana.
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La cancelación de la personería jurídica del PRD se da a menos de una semana que el CxL suscribiera su Alianza Ciudadanos por la Libertad sin ese partido opositor, por supuestas desaveniencias para no despojarse ninguno de su personalidad jurídica.
CxL también está impugnado
En octubre del 2020, el abogado Luis Manuel Argüello Montiel solicitó ante la Dirección General de Atención a Partidos Políticos del Consejo Supremo Electoral impugnar la personalidad jurídica del PRD y la de Ciudadanos por la Libertad, (CxL), aduciendo que ambos partidos habían conseguido sus respectivas personalidades jurídicas de forma anómala por lo tanto se les debería cancelar. Dicha impugnación hasta la fecha no ha sido contestada por las autoridades electorales, por lo cual, está pendiente de resolución, lo que indica que los dos «vehículos electorales» de la oposición dependen de la voluntad del jefe del régimen, Daniel Ortega, que controla a los magistrados del CSE.