Las confiscaciones iniciadas por la dictadura de Ortega desde 2018 contra ONG, embajadas, la Iglesia católica, medios de comunicación, empresa privada y más dejará una deuda pública millonaria para los nicaragüenses.
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Con una respuesta masiva en las redes por parte del pueblo, no podrán detener a opositores según ley MORDAZA, porque no pueden echar presos a 6 millones de influencers