El secretario general del Ministerio de Salud (Minsa), Carlos Sáenz, informó del fallecimiento de un señor de 66 años, el que nunca fue incluido en el conteo oficial por COVID-19, como enfermo u hospitalizado. Con ello, la cifra oficial de casos confirmados se eleva a 14, de los cuales, cuatro han muerto, tres están activos y siete se han recuperado.
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En su reporte del día, Sáenz remarcó que los pacientes con coronavirus que registra el Minsa están «delicados pero estables» y no dio más detalles. Seguidamente, el funcionario señaló que el señor de 66 años, «fue llevado por sus familiares en estado delicado, desde un centro privado para adultos mayores a una unidad hospitalaria. Llegó con un historial de múltiples padecimientos crónicos, entre ellos alzheimer, diabetes, hipertensión, y lamentablemente falleció». Además de lo confuso del comunicado que leyó, el funcionario no esclareció si el ciudadano murió en un hospital privado o público. Igualmente, se limitó a decir que hay 16 casos sospechosos.
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El delegado del Minsa, quien asegura que en Nicaragua no hay «transmisión local comunitaria» en su lectura ante los medios oficialistas calló sobre la muerte de un hombre de 58 años por COVID-19, el cual falleció en el Hospital Monte España, en Managua. Fuentes médicas del centro hospitalario aseguraron que «a la una de la madrugada de este miércoles, 29 de abril, falleció un paciente de 58 años, que dio positivo a coronavirus y que estuvo internado desde el viernes, 24 de abril », y que además era trabajador del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua.
Una fuente de ese centro hospitalario relató a Artículo 66 que las autoridades del Minsa llevaron un ataúd e ingresaron a la sala donde se encontraba el paciente para retirarlo. «La caja está sellada herméticamente, van a fumigarlos a todos antes de entrar y después de salir», y también agregó que el cuerpo no será entregado la familia. Según información brindada por el personal médico, en ese centro hospitalario hay dos casos activos de coronavirus y tres sospechosos.
En ese mismo contexto, otro ciudadano reveló a este medio de comunicación de forma confidencial que unos 12 trabajadores del Hospital Monte España renunciaron a su puesto laboral el 28 de abril por temor a adquirir el virus del COVID-19. La fuente, que por motivos de seguridad omitiremos su nombre, detalló que los 12 colaboradores son de las áreas de Emergencia y de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Un médico denunció el grado de insalubridad dentro del hospital y la falta de equipos para atender casos de COVID-19. «No hay muchos ventiladores para pacientes que ingresan graves a causa de este virus. Se acondicionó una nueva Unidad de Cuidados Intensivos con 24 camas y una sala con 28 camas», aseguró el martes el médico a Artículo 66.
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En cuanto a las renuncias masivas, la fuente dijo que los 12 colaboradores también decidieron desistir de su puesto porque las autoridades del hospital los estaban obligando a comprar los equipos de protección para poder atender a los pacientes contagiados por el virus. «La cereza del pastel fue porque los trajes de protección se los querían vender a mil córdobas, deducible de nómina», afirmó.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) presentó al régimen de Nicaragua una serie de políticas que debe implementar para responder con seriedad a la pandemia del COVID-19. Las medidas planteadas por la oposición cubren todos los sectores: económicos, sociales y políticos. La Alianza advierte que la economía nacional se verá fuertemente golpeada, tomando en cuenta que es un «país pequeño» y que depende del comercio internacional, mismo que también está siendo vapuleado por la emergencia sanitaria.
Está mañana la alcaldía orteguista de #Masaya inició proceso de fumigación en colegios e institutos públicos. Según la comuna, esto es para prevenir brotes del #COVID-19. Sin embargo las autoridades se niegan a suspender clases. #DerechoAInformar Fotos: Alcaldía de Masaya pic.twitter.com/hugKe4faje
— Artículo 66 (@Articulo66Nica) April 29, 2020
En la política social la Alianza Cívica menciona inicialmente la aplicación masiva de pruebas de COVID-19 para detectar el foco de contagio. Agrega que estas deben de realizarse en las empresas e instituciones donde hay aglomeraciones. Pide suspensión de clases y continuar con la «merienda escolar», aunque suspendan las clases. En la política económica , sugieren que «el servicio público de luz y agua tenga una prórroga de tres meses, que no hayan cortes de estos servicios que son fundamentales para salud». Mientras en materia política fiscal solicita reformar el Presupuesto General de la República (PGR) y crear un fondo de emergencia para atender las necesidades de urgencia durante la pandemia. Además recomienda suspender el pago del Impuesto de Valor Agregado (IVA), el Impuesto de Bienes Inmuebles, la Cuota Fija y los tributos que cobran las municipalidades, por los próximos tres meses.
Hay que buscar el botón de ese robot y apagarlo, parece disco rayado.