El 12 de diciembre de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al primogénito de Rosario Murillo, Rafael Ortega Murillo, dueño de tres empresas, de las cuales dos de ellas se encargaban de administrar el millonario negocio de los hidrocarburos en Nicaragua, Zanzíbar y DNP Petronic.
Dos días después de la medida promovida por el Gobierno de Donald Trump, el Estado de Nicaragua envió con trámite de urgencia a la Asamblea Nacional una propuesta de Ley para nacionalizar a DNP Petronic, lo que impediría el desabastecimiento del combustible en el país. El proyecto de ley “declara de seguridad soberana y de interés nacional todos los inventarios de combustible y productos derivados del petróleo y propiedad de la empresa distribuidora DNP, sociedad anónima”.
Pero esto no fue suficiente, este 10 de febrero los dictadores Ortega y Murillo enviaron con trámite de urgencia otra propuesta de Ley, para permitir la creación de cuatro empresas que se encargarán de administrar su negocio petrolero en el país, a las que nombraron Enigas, Eniplanh, ENIH y Enicom. Esas entidades nacen con una serie de beneficios como las exenciones de todo tipo de tributo, cánones, regalías, entre otros.
Para los especialistas, Daniel Ortega y Rosario Murillo con estas acciones buscan como centralizar su negocio petrolero y evadir las sanciones que Estados Unidos impuso por corrupción y crímenes de lavado de dinero.
“El Gobierno tiene que justificar cómo está haciendo con todos estos negocios que provienen de esta nacionalización y creación de cuatro empresas estatales. Todo el manejo de cuatro mil millones de dólares que le ha reportado es un lucrativo negocio con el petróleo de Venezuela. Está creando todas estas empresas que vienen a sustituir y recorrer todos los eslabones de producción desde la gasolina a la exploración y explotación de hidrocarburos”, manifestó el catedrático y economista Eduardo Solórzano.
Competencia desleal
Los expertos afirman que Ortega ha creado una competencia desleal a la empresa privada porque ha hecho un monopolio del comercio de hidrocarburos. Con la acción, reconocen que el régimen busca evadir las sanciones con una Ley (al igual que todas) que no fue consultada a las cámaras perjudicadas como la de energía.
“Lo que trata es esquivar las sanciones que ha recibido Alvanisa y DNP Petronic. Con estas cuatro empresas está solventando el problema de las sanciones, pero es una Ley inconsulta porque no se consultó con la cámara de energía y está afectando el manejo y transparencia que viene haciendo PUMA y UNO, que han producido por más de 20 años en la refinería”, explicó Solórzano.
En el caso del libre comercio va a tener su competencia desleal que parte de su creación; es decir, que tanto PUMA y UNO pagan impuestos y no tienen exoneraciones, caso contrario a las cuatro empresas de la familia presidencial.
Un negocio lucrativo
Además de causar un daño desleal a las otras empresas de hidrocarburos; también provocará serios costos al bolsillo del consumidor final, en este caso, el ciudadano. “Ellos van a seguir lucrándose, porque van a manejar los márgenes de utilidad, si hay una disminución del barril de petróleo eso va a quedar en mano de estas empresas y no del consumidor final”, detalló.
Por otra parte, el catedrático y economista Luis Murillo explicó que esta medida del régimen va a generar una profundización del déficit, exclusión y aumento de la crisis económica.
En el caso de la Asamblea Nacional, para Murillo la creación de leyes de carácter personal no es correcto. Aseguró que el Gobierno de Estados Unidos tomará la misma ruta y aplicará más sanciones, lo que no es saludable para la economía ni para el inversionista extranjero.
Origen de los fondos es desconocido
Otro de los cuestionamientos que se le realizaba a dicha ley presentada por los diputados aliados de la dictadura fue el origen de los fondos, los que son desconocidos por los ciudadanos porque nunca pasaron a las arcas del Estado.
Para el diputado Jimmy Blandón, de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), las cuatro empresas se derivan de lo que era Petronic; sin embargo la transferencia del capital de Petronic no es clara porque nunca hubo una auditoría y no saben de dónde salió el dinero, ni qué cantidad es.
Finalmente, Blandón y su bancada votaron en contra porque no están de acuerdo que se utilice la Asamblea Nacional para tratar temas de interés personal de la pareja presidencial donde está involucrada su descendencia.