Cuatro partidos políticos coincidieron por segunda vez con la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y el Grupo Pro Reformas Electorales para expresar a través de un comunicado su “compromiso” de trabajar unidos para exigir a la dictadura de Daniel Ortega el restablecimiento de la confianza en el sistema electoral y la realización de comicios libres, justos, transparentes y observados para sacar al país de la profunda crisis social y política en la que se encuentra desde el 18 de abril de 2018.
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En el comunicado, los organismos insisten en que una eventual reforma electoral debe “devolvernos a los ciudadanos el derecho a elegir y ser elegido libremente y a restablecer la confianza en la administración del Sistema Electoral, para lo cual es indispensable el nombramiento de nuevos Magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE)”, que actualmente está controlado en su totalidad por funcionarios files al dictador Daniel Ortega.
Consideran además que los nuevos jueces electorales “deberán comprometerse a garantizar la administración del proceso electoral en forma independiente, profesional y transparente”.
Estas organizaciones y los cuatro partidos políticos mantienen pláticas para lograr la conformación de una coalición política que logre juntar a la oposición para hacerle frente a Daniel Ortega en eventuales comicios. Antes, en este documento se plantean que deben exigir que se establezca la “obligatoriedad” de la observación nacional e interncional, “conforme los estándares internacionales”.
Igualmente piden que se garantice la una auditoría y depuración del padrón electoral para garantizar que todos los ciudadanos ejerzan su derecho a votar, previa apertura de la cedulación y verificación “masiva sin restricciones”.
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Finalmente, anuncian que buscarán que la reforma procure el trabajo “más efectivo de los fiscales de los partidos políticos en todas las etapas del proceso electoral y ante todos los órganos del órgano electoral” y que se garantice un mecanismo “eficiente de transmisión y publicación de resultados que reflejen la verdadera voluntad popular”
La herencia de corrupción y fraude de Roberto Rivas
Los últimos cuatro procesos de votación, tanto municipales como presidenciales fueron calificados como fraudulentos por organizaciones nacionales e internacionales especializadas en observación electoral. Sumado al manoseo de los comicios, el voto perdió interés y fue notorio el abstencionismo que, de paso, le permitió al FSLN copar todos los poderes del Estado e instalar la dinastía familiar que ahora controla todas las instituciones.
Para esas operaciones, Ortega contó, hasta inicios de 2018, con el trabajo del exmagistrado Roberto Rivas, un protegido del fallecido cardenal Miguel Obando y Bravo que fue señalado en múltiples investigaciones periodísticas por corrupción, enriquecimiento ilícito, fraudes y desfalco al Estado.
Rivas solo fue apartado del Poder Electoral después de que Estados Unidos lo “fichó” como delincuente internacional y lo sancionó con la Ley Global Magnitsky. Desde la salida de Rivas, Ortega designó en la cabeza del CSE a otro adepto del orteguismo, el magistrado Lumberto Campbell.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo firmaron un Memorándum de Entendimiento con la Organización de Estados Americanos (OEA), desde febrero de 2017, que supuestamente modificaría la Ley Electoral para acabar con los fraudes, sin embargo, desde que se conoció la firma del acuerdo no se volvió a saber del tema.
El “anzuelo” de la reforma de Ortega
Recientemente Artículo 66 tuvo acceso a una fuente ligada a la Presidencia de Nicaragua, que aseguró que el oficialismo afila una reforma electoral que busca a toda costa dinamitar lo “que queda de la oposición” y cualquier esfuerzo de unidad que se pretenda configurar al rededor de una coalición o de cualquier partido político.
La fuente resumió cuatro puntos que el régimen estaría cediendo; el primero es que esa reforma se negociará (pero) “únicamente” con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), tal y como está previsto e un memorándum de entendimiento firmado hace tres años, y cuyo plazo vence a finales de febrero de 2020.
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Según la fuente, como segundo punto, el régimen pretende aceptar en la reforma electoral el mecanismo de inscripción de candidatos por suscripción popular, “es decir, un candidato podría recoger cinco mil firmas y sin tener un partido político se inscribe y puede resultar electo”, explicó.
En tercer lugar, la dictadura prevé “entregar tres o cuatro personerías jurídicas a nuevos partidos o movimientos“. Y una cuarta movida incluye que “el financiamiento a los partidos políticos no será después de las elecciones, sino antes“, dijo la fuente, quien consideró que “uno de esos partiditos como el APRE (Alianza por la República), ALN (Alianza Liberal Nicaragüense) o el PLI (Partido Liberal Independiente) no van a preferir irse en una alianza y perder un financiamiento de unos dos millones de dólares que se le podrían dar de anticipado. Van a preferir correr solos y así se van a dividir muy fácil”, vaticinó.
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El contacto adelantó que el régimen no se aventurará a negociar una reforma solo con los partidos políticos que tienen presencia en la Asamblea Nacional, pero tal y como lo han adelantado algunos voceros del oficialismo, tampoco se sentarán con organizaciones como la Alianza Cívica, aunque esté avalada por la comunidad internacional. “La reforma será con la OEA porque ya está firmado y porque ellos tendrán que validar lo que se apruebe. Además estos puntos son los que ya están en las recomendaciones que ha dado la OEA en años pasados”, concluyó el informante.