El régimen de Nicaragua acusa a los bancos de «parecer cómplices» de los ciudadanos, ONG u opositores a los que Ortega ordenó ilegalmente confiscarlos. El dictador quiere que las instituciones financieras le entreguen propiedades al Estado que estaban hipotecadas a nombre de sus críticos, a los que desnacionalizó y les robó sus bienes.
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