En el informe bimestral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) señaló que en lo que va del año han monitoreado los asesinatos de 17 campesinos en el norte del país, y destacan como principal características el vínculo directo de las víctimas con las protestas sociales en contra del régimen de Ortega.
El documento que presentó el Cenidh, este viernes 13 de septiembre, también resume las denuncias por todas las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura, entre los cuales están los encarcelamientos, procesos judiciales viciados y carentes de legalidad.
Asimismo, se detalla la violencia institucional que ha desatado el gobierno de Daniel Ortega, incluyendo la persecución, secuestros selectivos y detenciones arbitrarias, hostigamientos y amenazas, y el gran despliegue de su órgano represor para controlar los espacios públicos y reprimir cualquier intento de protesta cívica de los nicaragüenses.
Persiste la impunidad
En el informe, el Cenidh determinó que en las denuncias de ejecuciones selectivas y episodios sangrientos aún prevalece el “mismo patrón de impunidad” y que han ocupado el primer lugar en la agenda de los medios de comunicación, lo que provoca preocupación y zozobra entre el campesinado.
En los primeros ocho meses de este año, el Cenidh ha monitoreado los asesinatos de 17 campesinos que han sido “acribillados a balazos” en la zona norte del país, sin embargo señalan que “existen muchos casos de campesinos que perdieron la vida de manera violenta con arma blanca”, lo que evidencia el aumento de los niveles de violencia en las zonas rurales donde la presencia de grupos paramilitares del régimen ha sido visible.
En los últimos 10 años, desde la llegada de Ortega al poder, el Cenidh registró al menos 26 casos de ejecuciones extrajudiciales realizadas en las zonas rurales por las fuerzas armadas del oficialismo. Dichos crímenes siguen en la impunidad porque el sistema judicial está controlado por el Poder Ejecutivo.
Saña contra la familia Montenegro Blandón
De los 17 asesinatos, el Cenidh tiene documentados cinco, entre ellos la ejecución de Oliver José Montenegro Centeno, un agricultor de 44 años que habitaba en la comarca Caño de la Cruz Central, municipio de El Cuá, departamento de Jinotega, quien fue aniquilado a tiros el 23 de enero de 2018, por sujetos armados. En los testimonios recabados por el Cenidh identifican como paramilitares y policías a los ejecutores de los crímenes.
La familia Montenegro Centeno sufrió tres asesinatos más en solo ocho meses, el 27 de junio de 2019, Edgard Aristo, de 53 años, fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos. Junto a él fue asesinado su hijo de crianza Yalmar Antonio Zeledón Olivas, quien recibió un disparo en el cuello y otro en una pierna. Yalmar Zeledón había participado en protestas y en los tranques que se levantaron en El Cuá, desde el estallido de la crisis sociopolítica.
La otra víctima de la familia Montenegro Centeno fue Francisco Blandón, cuñado de
Edgard y Oliver Montenegro. Blandón fue acribillado por un desconocido que se movilizaba en una motocicleta, en la comunidad San José de Maleconcito del municipio de Wiwilí, departamento de Jinotega.
Más asesinatos
Por otro lado, los integrantes de los grupos armados del orteguismo también son señalados de asesinar a balazos a José Francisco García Sobalvarro, el pasado 13 de julio de este año. El informe detalla que García era un campesino caficultor que llevaba cinco años exiliado en Trojes, Honduras, ante la persecución y hostigamiento del Ejército y la Policía que venía ocurriendo en la zona desde mucho antes de 2018.
En el informe se detalla también el caso ampliamente documentado por el Cenidh, del joven Bryan Yeraldin Murillo López, quien fue asesinado en su casa, en León, por la Policía Orteguista, y donde resultaron dos personas heridas de gravedad, y cuyo caso fue presentado por el Cenidh ante el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El asesinato de Murillo López elevó la cifra de las personas muertas por la represión a 328. Para el Cenidh es evidente que el único fin de la policía, al referirse a las víctimas como “delincuentes”, es justificar su actuación arbitraria e ilegal, en la que violaron el derecho a la vida y la integridad personal de las víctimas, así como el derecho a un debido proceso.
