Los abogados defensores de los presos políticos del régimen orteguista solicitaron ante el Complejo Judicial Central de Managua una sentencia de sobreseimiento en favor de sus representados. Los juristas piden una resolución judicial dictada por un juez donde quede firmado y sellado la suspensión de los procesos legales que aún están abiertos en contra de los excarcelados de la dictadura.
De acuerdo con los abogados, la justicia de la tiranía a través de sus jueces ordenaron “archivar la causa penal, la libertad inmediata de los acusados, la cancelación de los registros de los antecedentes penales de los delitos objetos de la ley y dejar sin efecto las condiciones inherentes a la medida cautelar que se habían impuesto”. Para los juristas esa ordenanza no corresponde con una verdadera sentencia de sobreseimiento, que garantice la cancelación definitiva de los procesos legales, mismos que en cualquier momento pueden reabrirse en contra de los excarcelados políticos, lo cual los ubica “en una situación vulnerable”.
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La comunidad de nicaragüenses en España y diferentes movimientos sociales rechazaron la participación de Myrna Cunningham en el XXXII Encuentro Nacional de Escuelas Asociadas organizado por la UNESCO, el que se celebra en Madrid hasta el 4 de julio. Cunningham es una de las designadas por el régimen orteguista como miembro de la mal llamada “Comisión de Verdad” y es presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC).
La vicepresidenta del movimiento SOS Nicaragua-Madrid, Aracely Saucedo, dijo que ellos continuarán denunciando “a todos los funcionarios y administradores de Madrid, España y Europa para que no permitan espacios públicos a los gobiernos dictatoriales como el gobierno de Nicaragua y sus funcionarios, exigimos que desde ya se pronuncien en contra de ellos y sus cómplices”. La diáspora, igualmente, realizará un plantón en señal de protesta por la presencia de Cunningham, a quien califican de ser cómplice del régimen y tratar de encubrir los crímenes cometidos por el Estado en el marco de las protestas sociales.
Las negociaciones entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan estancadas. Los miembros de la oposición afirman que están a la espera de conocer la reacción oficial del Gobierno sobre la resolución aprobado en la Organización de Estados Americanos (OEA) que establece un plazo de 75 días para encontrar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 y que ha dejado al menos 325 víctimas mortales producto de la represión dirigida por el Estado, más de 70,000 exiliados y cerca de 4,000 heridos.
El dictador estuvo presente en un homenaje por el fallecimiento del boxeador Alexis Argüello, pero no hizo ni una sola mención sobre el mandato de la OEA. Los integrantes de la Alianza sostienen que en caso de que la tiranía mantenga la negativa para impedir la entrada de una misión de ese organismo, será la misma administración orteguista la que estará abriendo el camino para que se le aplique el artículo 21 de la Carta Democrática, lo que significaría la expulsión de Nicaragua de la OEA.
