El régimen de Daniel Ortega está en proceso de romper definitivamente relaciones con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Además de la particular tensión que existe entre los Ortega-Murillo y Almagro, debido al cambio rotundo de discursos del Secretario de la OEA sobre la crisis que atraviesa Nicaragua, el régimen ahora reacciona fúrico a las recientes declaraciones que ha realizado Almagro durante una visita a Colombia donde aseguró que no descarta una intervención militar sobre Venezuela.
«En cuanto a una intervención militar para derrocar el régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción», dijo Almagro el 14 de septiembre en la localidad de Cúcuta, Colombia.
Por esta razón, en un comunicado oficial «el Gobierno de la República de Nicaragua, por este medio, hace expresa y pública condena de las declaraciones del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos».
El uruguayo que ocupa el cargo de Secretario General de la OEA, desde mayo de 2015, cambió rotundamente su discurso tras 5 meses de represión por parte de la dictadura de Daniel Ortega y más de 300 muertos según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Luis Almagro, durante la XV Cumbre Latinoamericana que se celebró en Miami a inicios de septiembre, hizo un llamado a la comunidad internacional a «asfixiar a la dictadura que se viene instalando en Nicaragua», esto ante el desentendimiento de la tiranía de Daniel Ortega de reinstalar el Diálogo Nacional y buscar una solución pacífica para Nicaragua. De las palabras de Almagro sobre una posible intervención militar, el régimen se cobija bajo la Carta de la ONU y la de la OEA, organismos a los que el mismo Ortega ha menospreciado personalmente y mediante el mismo Canciller Denis Moncada.
«El Gobierno de Nicaragua, ante tan gravísimas declaraciones, que llama, la primera a una intervención militar extranjera contra un Estado soberano, y la segunda, a asfixiar al gobierno de otro país soberano, recalca que la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Carta de la OEA, prohíben y proscriben expresamente los actos que atenten contra la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de los Estados».
«Nicaragua expresa su más enérgica y firme condena a la posición del Secretario General de la OEA, y hace formal denuncia de su conducta que, además de extralimitarse e incumplir con sus funciones como representante de la organización regional, transgrede gravemente los propósitos y principios que está obligado a defender y que constituyen los pilares del derecho y la paz mundial. Esas Declaraciones, por lo tanto, lo descalifican para seguir ostentando el cargo de Secretario General de la OEA, cargo al cual debe renunciar», dice el texto del comunicado difundido por el orteguismo.
¿Ruptura de pláticas para democratizar Nicaragua?
Con este nuevo encontronazo entre el régimen de Ortega y el secretario general de la OEA se da por descontado que el Gobierno de Nicaragua estaría cerrando un intento de diálogo que inició en febrero de 2017 y que según el memorando de entendimiento, el orteguismo se comprometía a cooperar en las áreas político-electoral e institucional por los próximos tres años.
El régimen de Ortega se comprometió, entonces, a garantizarle a la OEA todas las facilidades para trabajar durante el acompañamiento, lo que incluye acceso a información de los entes electorales y permiso para movilizarse en todo el país. Almagro, según el texto del acuerdo, buscaría “sanear” el sistema electoral que hasta la fecha sigue controlado por el orteguismo y mantiene cerradas todas las posibilidades de que la situación política de Nicaragua se resuelva por la vía electoral.
Si se rompe el acuerdo con la OEA y Ortega vuelve a enfilar sus cañones contra el organismo, el panorama se vuelve negro para los nicaragüenses porque se descarta la posibilidad de que Ortega, incluso permita elecciones transparentes en 2021, lo que agudizaría la crisis interna y las presiones internacionales contra el país. Todo apunta a que el régimen está detrás de romper con ese intento de diálogo para quitarse de encima el escrutinio que podría haber sobre cualquier fraude.