[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a través de un comunicado emitido este viernes, primero de junio, los asesinatos y los nuevos hechos de violencia ocurridos en Nicaragua, mediante el ataque de grupos paramilitares armados con fusiles de guerra contra la población civil que se manifestó el miércoles, 30 de mayo, en solidaridad con las Madres de Abril.
La CIDH además urgió al Estado de Nicaragua a cesar la represión y la violencia contra las protestas pacíficas e instó a las autoridades a “investigar y sancionar el uso de la fuerza por parte de actores parapoliciales, desmantelar dichos grupos, y buscar una solución pacífica, constitucional y democrática a la actual crisis política que afecta al país”.
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“Condenamos enfáticamente que se ataque a los participantes de una marcha pacífica con armas de fuego y lamentamos profundamente las muertes y las personas heridas que se reportan como resultado”, dijo la Relatora de la CIDH para Nicaragua, Comisionada Antonia Urrejola.
La funcionaria de la CIDH agregó que “el Estado debe poner fin (de) inmediato a la represión y adoptar de manera urgente medidas adecuadas para el cese de la violencia”.
De la masacre desatada en la tarde y noche del 30 de mayo, según las autoridades del Gobierno quedó un saldo sangriento de 15 nicaragüenses asesinados y al menos 199 heridos, por la represión violenta en Managua, Estelí, Masaya y Chinandega.
El viernes, se sumó a la lista de muertos el joven Jonathan Morazán Meza, de 21 años, estudiante de administración de empresas de la Universidad del Valle, quien falleció en el hospital Metropolitano Vivian Pellas, donde permaneció varias horas batallando con la muerte tras recibir un disparo en la cabeza. También fue retirado del Instituto de Medicina Legal el cadáver de Daniel Reyes Rivera, estudiante de Veterinaria de la Universidad de Ciencias Comerciales. Con estos dos muchachos, el saldo mortal de los ataques del 30 de mayo suman 17 asesinados.
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El reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también retoma el comunicado de la Universidad Centroamericana (UCA), que narra el momento en que miles de personas se refugiaron en esta universidad para salvarse de las balas o para buscar atención por las heridas. Igualmente, la CIDH recoge el ataque a morterazos y pedradas por parte de una turba orteguista contra las instalaciones del canal 100%.
“La CIDH reitera que es una obligación del Estado de Nicaragua desmantelar las estructuras represivas, los grupos parapoliciales y los terceros armados que están actuando en el país, las cuales deben ser investigadas y sometidas a la justicia, así como recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco del Estado de Derecho”, se lee en la nota de la CIDH.
“Rechazamos cualquier forma de represión para impedir la protesta pacífica, así como la práctica de detenciones arbitrarias e insistimos en el llamado al cese de la violencia” señaló la Relatora Antonia Urrejola. Según el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, “el Estado debe facilitar la realización de manifestaciones como un elemento fundamental del funcionamiento de la sociedad democrática y hacer uso excepcional de la fuerza, con el objetivo de cumplir con el deber de protección de las personas.” La CIDH reitera que cuando una protesta, o parte de ella, se torne violenta la policía debe actuar bajo la estricta legalidad y utilizar de modo proporcional las medidas menos lesivas para dispersar a las personas.
Reportan asesinatos y violencia ocurridos después de su visita al país
El comunicado de la CIDH además reporta que la organización está enterada de los hechos de violencia ocurridos después de su visita a Nicaragua, entre el 17 y el 21 de mayo. “El 25 de mayo, personas encapuchadas dispararon indiscriminadamente desde vehículos en movimiento en hechos ocurridos en Ciudad Belén, Managua, lo que habría ocasionado la muerte de Alejandro Tomas Hernández y que varias personas resultaran heridas. Según la información recibida, en respuesta a los ataques, la población lanzó piedras a estos grupos, lo que provocó la muerte de Yader Castillo. La Policía Nacional emitió un comunicado confirmando la muerte de estas dos personas como producto de un enfrentamiento con armas de fuego entre grupos armados vinculados a tomas ilegales de tierra, versión que contradice los testimonios recogidos de la población que indican que fueron atacados sin motivo”.
Igualmente recogen que el 28 de mayo, fecha en que ocurrió la toma del “Recinto Simón Bolívar de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), los grupos parapoliciales y fuerzas antimotines atacaron a los estudiantes que se encontraban en dicho lugar, utilizando balas, gases lacrimógenos y morteros. En esa misma fecha, la CIDH recibió información sobre enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional en la rotonda de Metrocentro, donde se habrían reportado 20 personas heridas y varias detenidas. Como producto de los hechos falleció Gerardo Antonio Aburto”.
Según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) el saldo total de asesinados durante los 44 días de protestas cívicas alcanza los 110 nicaragüenses, entre universitarios, pobladores, tres policías y un periodista.
Pronto anunciará Grupo de Expertos para investigar violencia
La CIDH informó que en los próximos días anunciará los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Nicaragua), una instancia negociada entre la misma CIDH, la Organización de Estados Americanos y el Estado de Nicaragua para “coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia, recomendar encuadres legales e identificar responsabilidades. La actuación del GIEI se basará en las Observaciones Preliminares de la CIDH tras su visita a Nicaragua, y en las conclusiones del Informe Final que será publicado en las próximas semanas”.
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Finalmente, la organización informó que han leído el comunicado del Gobierno de Daniel Ortega en el que responsabilizan de los ataques a la oposición. “Sin perjuicio de la responsabilidad penal individual de quien resulte responsable de esos hechos, bajo el derecho internacional de los derechos humanos, la responsabilidad por la protección de la población es del Estado, el cual debe proteger y no reprimir, y adoptar las medidas adecuadas y proporcionales para el cese de la violencia. Asimismo, la CIDH recuerda que la responsabilidad de investigar los hechos y enjuiciar a los presuntos responsables es del Ministerio Público y del Poder Judicial”, insistió la Comisión, según su nota de prensa.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
