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Campesinos de Rancho Grande, Matagalpa; Santo Domingo, Chontales, y de Nueva Segovia madrugaron para marchar en Managua contra la minería industrial. La movilización fue impulsada por el Movimiento Nacional Frente a la Minería (Monafmi) con su campaña «Sin agua, sin oro». Los participantes, en compañía de sus hijos, gritaban: «No más minería industrial, respeten nuestros recursos naturales».
Los miembros del Monafmi sufrieron represión policial cuando se movilizaban hacia la marcha nacional, desde la rotonda Universitaria hasta el Ministerio de Energía y Minas. Los participantes de la marcha denunciaron que ciudadanos de Santo Domingo y Juigalpa fueron retenidos por la Policía Nacional y enviados a la estación policial.
Olman Salazar, miembro del Monafmi, denunció que fueron retenidos más de cien campesinos que, a las seis de la mañana, se dirigían desde Mina la India hacia Managua. De igual manera, indicó que otro de los afectados fue el coordinador del Movimiento, Boanerge Martínez, quien se trasladaba desde Las Lijitas, de Juigalpa, Chontales, para sumarse a la marcha; sin embargo, una patrulla llena de antimotines lo retuvo y lo llevó a la estación policial de ese municipio.
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Salazar le demandó al Gobierno de Daniel Ortega que «no siga pisoteando los derechos […] que otorga la Constitución Política de Nicaragua». El activista explicó que el objetivo de la marcha es manifestar su inconformidad con las entregas de concesiones mineras que hace el Ministerio de Energía y Minas.
La fiscal del Monafmi, Silvia Ramos, quien viajó desde Rancho Grande, Matagalpa, indignada por la represión policial, le exigió al Gobierno de Nicaragua que les permita manifestarse y que no deje entrar la minería industrial en sus comunidades. «Las aguas las está contaminando, nuestros niños están enfermos, están con llagas, están padeciendo de los riñones […] No queremos minería ni en nuestras comunidades ni en Nicaragua porque siempre nos afecta a todos», afirmó Ramos alzando su pancarta.
no queremos minería ni en nuestras comunidades ni en Nicaragua
Por su parte, la dirigente del Movimiento de Mujeres Segovianas, Haydeé Castillo, acusó al Gobierno de haberle dado en concesión a las industrias mineras más de 146 000 hectáreas del territorio segoviano, lo cual solo muestra «un gobierno entreguista que no protege los recursos naturales». Castillo, asimismo, pidió que respeten los derechos de las comunidades, ya que «estas no han sido consultadas sobre esas entregas de territorios para que sean explotados”.
Algunos jóvenes del Movimiento de Scouts de Managua apoyaron la marcha porque, según sus principios, deben proteger a las personas y al medio ambiente. Como ciudadanos nicaragüenses, «tenemos que defender nuestros recursos naturales y luchar por lo que nos pertenece […] porque, si nosotros no hacemos nada ante este tipo de desperdicios de agua, que hace la minería industrial, nos vamos a quedar sin agua», aseguró la scout Aldania Zamora.
Afectaciones mineras
Con megáfono en mano, los miembros del Monafmi se plantaron en las afueras del Ministerio de Energía y Minas para denunciar que parte del impacto de la minería en las comunidades incluye el despale de más de 90 000 árboles y la desecación de diez manantiales en Santo Domingo, Chontales, puesto que la concesión minera permitió la instalación del tajo abierto Jabalí. Además, manifestaron que, en La Libertad, Chontales, se ha contaminado varios ríos de la localidad.
Otra de los afectaciones que indignan a los integrantes del Monafmi es el de la Mina la India, de León, donde la empresa canadiense Noranda Rey, que hizo una perforación de 800 pies, secó las aguas superficiales. También, advirtieron que, en Rancho Grande y en Nueva Segovia, la minería intenta contaminar el río Coco. Los pobladores amenazaron con mantener la lucha para defender esa fuente de agua.
Seguirán luchando frente a la minería
El Movimiento expresó que está dispuesto a todo y que no se va a detener. «Vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando hasta que declaremos libre el territorio nacional de minería industrial», aseveró Salazar. La organización declaró que continuarán exigiéndoles al Ministerio de Energía y Minas y al Gobierno «que no sigan otorgando concesiones y (que) las que ya existen sean canceladas».
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